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Con la opinión de Héctor Dávila

Cuando un grupo de personas se asocian con la finalidad de eludir la ley y obtener beneficios realizando actividades que saben que son ilegales, de forma premeditada y consciente, se le puede llamar delincuencia organizada. Y justamente a eso se han dedicado algunos pseudo empresarios y pilotos en México durante años con el uso para servicio comercial de aeronaves con matrícula norteamericana, conocidas popularmente como "Novembers" o "Néctars" por llevar prefijo "N", siendo las víctimas más recientes de este tipo de ilícito los infortunados pasajeros del Canadair (Bombardier) Challenger 601 matrícula N601VH.

Aunque aún es muy pronto para saber la causa probable directa del trágico accidente de este jet ejecutivo acaecido el pasado 5 de mayo en Coahuila, procedente de Las Vegas con destino a Monterrey, donde lamentablemente murieron 13 personas, ya salieron a la luz, como en casi todos los accidentes aéreos en México, las irregularidades ocultas detrás de la operación de esta aeronave y que pudieran ser factores contribuyentes. Resulta que las similitudes entre este accidente y aquél en que murió la cantante Jenni Rivera van más allá de las coincidencias, ya que ambos aviones, además de viejos, con dudoso historial de mantenimiento y usados ilegalmente como taxis aéreos con matrícula estadounidense, aparentemente eran operados por los mismos dueños y pilotos, los que están involucrados en varios escándalos relacionados con investigaciones por alteración de bitácoras de aviones, narcotráfico, tráfico de personas y otras barbaridades, y sobre los que pesan varias demandas, incluyendo la de los deudos de la famosa cantante.

La operación ilegal de aviones ejecutivos con matrícula estadounidense como taxis aéreos por parte de empresarios mexicanos se ha convertido en una especie de plaga, que ha proliferado durante más de una década a la par de la práctica de comprar aviones registrados en Estados Unidos, mediante fideicomisos, para usarlos en nuestro país. Quizá esto no sería tan malo si se usaran dichas aeronaves para uso estrictamente privado, pero lo grave es que muchas se emplean para renta y con tripulaciones de nacionalidad mexicana, lo que en ambos lados de la frontera se considera indebido, simulando que se trata de un tipo de operación privada, evadiendo cumplir las normativas de servicio aéreo comercial de ambos países.

En Estados Unidos solamente pueden registrarse aeronaves a nombre de ciudadanos norteamericanos y residentes legales, o de empresas cuyo Consejo de Administración esté integrado al menos en un 70% por ciudadanos estadounidenses, pero se considera "legal" que un fideicomiso o "trust" se integre por varias empresas de carácter anónimo y registre la aeronave, y una vez debidamente registrada a nombre de este grupo se puede ceder su uso a un "operador", y como la ley solamente es limitante en cuanto a la nacionalidad del titular del registro, el operador puede entonces tener cualquier nacionalidad.

Esta práctica elusiva fue considerada válida por la Administración Federal de Aviación (FAA) cuando se originó como un método para proteger intereses de compañías norteamericanas dedicadas al arrendamiento de aviones, que no querían perder control sobre estos activos cuando eran adquiridos por operadores extranjeros, principalmente de América Latina o África, donde desconfiaban de las autoridades locales y no querían que dicho avión se registrara ahí para poder estar cubiertos por las leyes de Estados Unidos en caso de problemas. Este sistema también facilita los trámites a vendedores de aeronaves, que con esto pueden expeditar la entrega a los clientes extranjeros y otorgarles créditos con mayor seguridad. Sin embargo, este método ha sido empleado con mucho más frecuencia por individuos dedicados a actividades ilícitas que para cosas legítimas, pues permite mantener en total secreto la identidad del verdadero dueño del avión y que sea operado por empresas no verificadas, por ejemplo, se estima que más del 80% de las aeronaves investigadas y decomisadas en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico han estado registradas bajo esta modalidad, y prácticamente la totalidad de los aviones matrícula "November" detenidos en América Latina realizando actividades delictivas resultan estar bajo este mismo esquema.

Se estima que más de 50,000 aviones están registrados en Estados Unidos bajo estas tácticas de secretismo (casi un sexto de la flota aérea de ese país), las que incluso favorecen el lavado de dinero y se han identificado empresas muy pequeñas, con apenas una muy modesta oficina, pero con más de 200 aeronaves registradas a su nombre, lo que le ha valido a la FAA severas críticas por parte de legisladores por su incapacidad para lograr progresos en la supervisión de este tipo de empresas y operadores, considerados cuasi clandestinos.

Pero además de que los "November" son los aviones preferidos por los narcos, también se ha vuelto común que se ocupen dichas aeronaves para trabajar como taxis aéreos irregulares, a través de operadores que suelen ser empresas "fantasma" y que no cuentan con los permisos para dicha actividad. Así, contando con un tipo de registro que no permite usar el avión para renta o bajo compensación económica, se opera con pilotos mexicanos poco escrupulosos que se prestan a este tipo de actividad a sabiendas que es ilegal, pues lo hacen mediante licencias FAA con privilegios restringidos obtenidas en base a sus licencias mexicanas, las que obviamente no están autorizadas para realizar vuelos de carácter comercial, pues como es lógico solamente pueden trabajar como pilotos en aviones matrícula "N" quienes son ciudadanos norteamericanos o residentes legales y cuenten con visas de trabajo en regla.
El círculo se cierra con la complicidad de los pasajeros, a los que se alecciona para mentir a las autoridades y no revelar que pagaron por el vuelo, los que cooperan motivados por los precios bajos que les ofrecen y otras patrañas, pues saben bien que ser descubiertos implica la cancelación de las licencias y las visas, así como el decomiso del avión y otras consecuencias legales.

Así los jet de este tipo vuelan haciendo jugosos negocios, sin cumplir con las exigentes y costosas normas, mantenimientos, adiestramientos, seguros y reservas de combustible que se exigen a los taxis aéreos regulares, disfrazando sus actividades comerciales como vuelos de prueba, de demostración o estrictamente privados al servicio del "dueño" del avión.

Este problema no es poca cosa, si tomamos en cuenta que México tiene la tercera mayor flota de jets ejecutivos del mundo después de Estados Unidos y Brasil, con más de 700 de este tipo de aviones registrados, pero sería sin duda la segunda si no fuera porque, de acuerdo a cálculos muy conservadores, al menos 35% de los aviones propiedad de mexicanos están registrados con matrícula estadounidense y operados en condiciones poco claras.

Quizá la proliferación de aeronaves "November" en México se ha dado en buena medida debido a que el Gobierno ha hecho dificilísimo importar, operar y mantener un avión, por lo que es urgente que las autoridades encuentren una forma para promover, facilitar y regular con honestidad la aviación general, para desalentar estas prácticas y estimular que los mexicanos que legítimamente requieran de un avión privado lo registren y operen correctamente.

Por otro lado, también es muy importante que se desarrollen normas eficaces para garantizar la seguridad de los usuarios de taxi aéreo, pues debido a la corrupción, principalmente por parte de pilotos y usuarios encubridores, se ha convertido la práctica de los aviones "N" en un serio problema de seguridad, pues en muchos casos los aviones son muy viejos, mal mantenidos y con tripulaciones mal preparadas, mismos que como hemos señalado, se usan para dar servicio comercial cuando no cuentan con autorización para ello, en lo que se conoce como "cabotaje".
Por ejemplo, no es casualidad que sean los aviones más viejos y con irregularidades en su documentación y en las licencias de las tripulaciones los que más se accidentan, pues de los últimos 15 jets accidentados en México el 75% tenían más de 20 años de uso e irregularidades legales, de hecho la antigüedad promedio de los aviones que se accidentan en México es de 32 años. Erradicar estos vicios contribuiría a salvar muchas vidas, pues como referencia, en poco más de un lustro, de principios de 2014 a la fecha, han muerto alrededor de 300 personas en accidentes de aeronaves mexicanas.

Un problema tan complejo no tiene una solución sencilla, las autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil están muy preocupadas por resolverlo, pero este tipo de actividad ilícita es muy difícil de detectar y probar, pues como ya mencionamos hasta los propios pasajeros mienten sobre el uso de este tipo de servicios, pero sin duda es un verdadero crimen que se permita en México que se usen aviones y helicópteros chatarra y con licencias irregulares como taxi aéreo, compitiéndole muy deslealmente a las empresas serias que lo hacen bien, pero lo más grave, poniendo en riesgo la vida de los usuarios, a los que se engaña con la apariencia cosmética de dichas aeronaves y precios muy por debajo del mercado.

 

Saludos

Héctor Dávila

 

Sabre

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