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Con la opinión de Héctor Dávila

Bueno pues parece que en el nuevo gobierno de México no empiezan precisamente con el pie derecho en asuntos aeronáuticos y, a lo Cantinflas, como dicen una cosa dicen otra. Y es que resulta increíble (y desconcertante) que los Secretarios de Turismo y de Comunicaciones y Transportes se contradigan el mismo día sobre los planes aeroportuarios. ¿Qué no se supone que los más altos funcionarios trabajan coordinados en esos temas?

Es inadmisible que Miguel Torruco dijera la tontería de que los vuelos internacionales serían destinados a Santa Lucía y los nacionales al actual AICM, lo que no fue dicho por ahí en un descuido, sino en senda conferencia de prensa. ¿Cómo puede salir un Ministro a dar una conferencia de prensa así, diciendo semejante pavada? Y se sostiene que fue una gran pavada porque el mismo día, a las pocas horas, Javier Jiménez Espriú declaró que lo dicho por su colega encargado del Turismo no era cierto.
El Sr. Torruco no tuvo de otra más que comunicar que, para evitar confusiones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes era la única que decidirá e informará sobre las tribulaciones de los aeropuertos y la aviación; ¡pero por favor! si el único confundido era él...

Y es que las cosas están como caminando en campo minado, donde cada paso debe darse con absoluta seguridad, pues el tema de la credibilidad del Gobierno con el complicado asunto de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México  (NAIM) tiene a los mercados financieros en un estira y afloja de miedo, y de por sí el declarar que las obras continuarán, mientras se elucubra una sofisticada maniobra para pagar lo menos posible como consecuencia de la inminente suspensión del proyecto, ya ha generado mucha confusión.

Tratando de comprenderlo de forma simple, para el proyecto del NAIM se obtuvo financiamiento por unos 120 mil milloncitos de pesos colocando bonos de inversión que serían pagados comprometiendo por 30 años los ingresos por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) tanto del actual aeropuerto como del que eventualmente funcionaría en Texcoco, pero cancelar el numerito podría significar para el Gobierno tener que cubrir a los inversionistas, por lo que para pagar lo menos posible la Secretaría de Hacienda, a través del Fideicomiso del NAIM con un presupuesto de 1,800 millones de dólares, está tratando de recomprar buena parte de esos bonos, aunque un número importante de los tenedores de los mismos no están de acuerdo y ya se han juntado para realizar acciones legales, bajo las reglas de Nueva York que es donde se vendieron esos papeles, a fin de proteger sus inversiones y tratar de aprovecharse de la situación para ganar lo más posible.

Así, en resumen, el Gobierno tendrá que pagar ese dineral por cancelar el NAIM, dinero que estaba garantizado con los pagos que saldrían de los bolsillos de los pasajeros de los aeropuertos mencionados durante un largo plazo y que ahora tendrá que salir de otro lado y rapidito. Esta estrategia, sin duda un rescate con dinero del Estado (o sea de todos) para salvar inversiones privadas, ya se ha calificado en muchos medios de maneras muy duras, desde que se confirma como el "Error de Octubre" hasta como el "Aeroproa" o el "Pejeproa", en referencia a aquel infame "Fobaproa" de los noventas. Parece pues que el ganso del "me canso" va a salir muy caro, terrible ironía para un Gobierno que se ha empeñado tan caprichosamente en cancelar un proyecto argumentando buscar ahorros y terminar con la corrupción.

Por otro lado, el tema de las aeronaves gubernamentales me parece más claro, aún cuando deshacerse de la nave insignia de la aviación presidencial, el Boeing 787 TP-01, seguirá atizando la polémica, principalmente por las pérdidas que supone su venta. Sin embargo, aún siendo pro aviación resulta dificilísimo justificar la excesiva flota aérea que estaba al servicio de la Presidencia y algunas Secretarías; una cantidad de aeronaves de súper lujo que francamente ni príncipes o reyes tienen a su disposición y que aquí una élite de funcionarios la empleaban en un derroche grotesco, que se acentúa con el contraste de las terribles carencias que sufre gran parte de la población.

En la nueva Ley de Austeridad Republicana propuesta por el presidente López Obrador se prohibirá a los funcionarios públicos realizar vuelos en primera clase y en aeronaves privadas, y en concordancia con esta política la mayoría de las aeronaves serán vendidas. Se estima que de las 160 aeronaves federales (sin contar militares) solamente se conservarán unas 30, en su mayoría helicópteros, para tareas de seguridad.

Habrá que ver si los militares acatan esta Ley, porque los Secretarios de Defensa (SEDENA) y de Marina (SEMAR) durante el sexenio pasado se sirvieron con la cuchara grande, muy irresponsablemente y pese a fuerte oposición pública, comprándose dos lujosos jets cada uno (nada memos que un Gulftstream G550 y un Bombardier Challenger 605 para cada Secretario) más un Learjet 45 para la SEDENA, otros dos más para la Secretaría de Gobernación, a los que podemos agregar los Cessna Citation Sovereing y 501 que compró PEMEX de forma muy sucia junto con un lujoso helicóptero Airbus EC-145, y que fueron trasladados a la SEDENA. No se vería nada bien que los mandos militares lleguen a las giras en sendos jets ejecutivos de largo alcance mientras su jefe, el Presidente, usa vuelos comerciales ¿verdad?

Porque cuando han habido grandes excesos por un lado, me parece entendible que por otro, para dejar bien clara la diferencia, se tenga que exagerar, por eso Andrés Manuel López Obrador viaja en clase económica, y si nos parece un capricho tonto volteemos a ver hacia un verdadero capricho con la conducta del ex presidente Enrique Peña Nieto, al que le valió gorro gastar más de 50 millones de euros en 7 de sus helicópteros favoritos, unos preciosos Agusta AW109SP ejecutivos, de los que se quedó con 4 y dio uno a cada uno de su amigazos de CONAGUA, SEDENA y SEMAR para que se transportaran a todo lujo, como si en esas dependencias no hubiera ya suficientes helicópteros. Viendo la terrible desatención que sufrieron nuestros compatriotas con las desgracias naturales del huracán "Willa" y los sismos en Oaxaca y lo que se les pudiera haber ayudado con todo el dinero que se malgastó en aeronaves de lujo, me queda claro cuál es el ejemplo de un Presidente de caprichos realmente reprochables...

La política de austeridad aérea del Gobierno Federal afortunadamente está funcionando de ejemplo a nivel estatal, pues ya hay Gobernadores que han decidido vender sus aeronaves ejecutivas, como el de Tabasco que subastará 3 aeronaves o el de Veracruz que se deshará nada menos que de 8, mientras que el nuevo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, declaró que no hay necesidad de tener ese tipo de aeronaves cuando el mayor viaje que eventualmente se realiza es a la Ciudad de México, al tiempo que anunció que venderá el avión ejecutivo estatal y transfirió el helicóptero Bell 412 XC-HGF, que estaba a disposición del Gobernador, al Servicio de Atención Médica de Urgencias para ser empleado como ambulancia, mientras que en Chiapas también se anunció que solamente se conservarán las aeronaves para misiones de seguridad pública y todos los funcionarios tendrán que usar aerolíneas comerciales. En contraste, el fiscal general del Estado de Chihuahua, César Augusto Peniche, dice que su dependencia necesita para optimizar las labores de seguridad un helicóptero de 8 plazas, pero no cuentan con los recursos para adquirirlo; quizá le podrían canalizar uno de los que la Federación ya no quiere...

Es difícil para los que nos sentimos parte de la comunidad aeronáutica ver que se desmantelen las flotas gubernamentales, me preocupan principalmente todas las tripulaciones de vuelo y tierra que con estas decisiones perderán sus empleos, así como la afectación que sufrirán todos los talleres y refaccionarias que en gran medida subsisten de servir a dichas flotas. Dar de baja entre 100 y 140 aeronaves es casi como cerrar una aerolínea y el impacto laboral será bastante grave, pero tenemos que entender que realmente la mayoría de esas aeronaves son innecesarias y que nada más han servido para el solaz inmoral de una nefasta clase política y sus allegados.

Basta recordar que históricamente entre los gobiernos estatales y las secretarías de Estado ha sido práctica habitual la transa y el fraude con la compra y operación de aeronaves, donde han trascendido muchas irregularidades, como el pago de arrendamientos y mantenimientos con escandalosos sobreprecios, el uso indebido de las aeronaves, el empleo de empresas de aviación para desviar recursos y, el colmo, hasta se han llegado a comprar aeronaves que nunca fueron entregadas, como fue el caso de un desfalco en Tabasco por casi 40 millones de pesos, por el pago de un helicóptero "que se quedó volando".

No creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda realmente prescindir del uso de aeronaves ejecutivas, su investidura eventualmente le exigirá ser más eficiente en sus traslados, pero será muy bueno que esa necesidad se resuelva con el equipo adecuado en concordancia con el uso racional y honesto de los recursos.
Definitivamente el titular del Poder Ejecutivo y sus colaboradores más cercanos no necesitan decenas de aeronaves de lujo, pero me parece también que sin duda necesitarán de algunos aviones y helicópteros de trabajo, dado lo grande, en todos los sentidos, que es este hermoso País, al que se han comprometido a servir.


Saludos

Héctor Dávila

 

Interior de un Gulfstream 550, como los tres que se adquirieron en el sexenio pasado, uno para el Estado Mayor Presidencial (XC-LOK), otro para la SEDENA (3910) y otro para la SEMAR (ANX-1201).

Edito

Foto: Gulfstream

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