1395

Con la opinión de Héctor Dávila

El flamante virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue firme en cumplir sus propensas de campaña de vender el avión presidencial y cancelar el nuevo aeropuerto internacional (NAIM) o, en el mejor de los casos, concesionarlo.

Las propuestas merecen sin embargo un análisis más detallado, pues es fácil interpretarlas erróneamente si no se conoce "la película completa", empezando por el tema del NAIM, que presenta un avance de obra de poco más de un 30% y que se ha convertido en un icono de la polémica forma de manejar los recursos y los contratos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Destaca el gran desperdicio del sistema metropolitano de aeropuertos, donde se ha invertido mucho y obtenido muy poco y que López Obrador sabe que usado con inteligencia, junto con el actual aeropuerto y la Base Aérea Militar de Santa Lucía, podrían palear por un buen tiempo la problemática de la innegable saturación del AICM; pero creo que cancelar el NAIM sería a largo plazo una pésima decisión, si no que totalmente inviable desde un principio, pues el país no puede darse el lujo de deshonrar los compromisos de financiamiento y licitación que ya existen en un proyecto de este nivel, lo que representaría un tremendo costo y desalentaría la inversión extranjera, especialmente cuando muchos apuntan que la verdadera causa del deseo del candidato por suspender la obra se basó en el berrinche de que a uno de sus allegados no se le benefició con los contratos que quería.

El virtual presidente se comprometió a que un grupo de expertos analice las posibilidades durante el mes de agosto, para luego en octubre someter los resultados a una consulta popular para finalmente poder sellar el destino del NAIM. Todos los indicios me hacen ver muy claro que se decantarán por concesionar el nuevo aeropuerto a la iniciativa privada, opción viable pero no por ahora, sino para cuando esté terminado, pues su construcción debe seguir y tratar de incorporar socios particulares no sería nada fácil, tomando en cuenta que ya se asignaron a diversos consorcios más de 200 contratos que superan los 155,000 millones de pesos.

La concesión es bien vista por la mayoría de las partes, pero crear los mecanismos para la correcta vinculación con los concesionarios para que la operación sea segura, exitosa y rentable no es asunto fácil, sobre todo lo referente a garantizar que la obra sea debidamente concluida.

Así las cosas la opción más viable parece la de revisar a fondo las finanzas y contratos del NAIM y, estando seguros de que está libre de "tranzas", continuarlo. Pero aquí el próximo Presidente tendrá el problema de la presión social que generan sus propias promesas de campaña, pues ya en su cuartel general de la Colonia Roma le hicieron su primer plantón de manifestantes, una sopa de su propia medicina con campesinos de la región exigiéndole en sus gritos y pancartas que cumpla con cancelar el tan traído y llevado proyecto estrella del sexenio peñista. Siendo el señor un populista, cualquier cosa puede pasar, especialmente si de verdad la decisión final se toma mediante una consulta popular...

Lo de vender el avión presidencial es también un tema digno de análisis. En aviación sabemos que un aparato así tiene mercado (no necesariamente para aerolínea, donde su adaptación para este servicio tendría un costo importante), sobre todo tomando en cuenta que quién quiera un aparato parecido tendría que esperar años para su entrega, y aunque se señale que implicaría un costo enorme deshacer el leonino contrato de financiamiento con que se adquirió, sabemos también que todo contrato puede ser terminado de una u otra forma y eso ya lo tiene analizado el equipo de López Obrador.

Lo que realmente importa, y que no se le ha prestado mucha atención, es que de lo que se trata de fondo este asunto es de toda una flota suntuosa y excesiva que nos ha costado mucho a los mexicanos y que los funcionarios han usado, con un descaro casi criminal, para pasearse con un lujo y estilo que envidiarían los más grandes magnates y estrellas de Hollywood. Por eso destaca en el plan de 50 puntos para la Austeridad presentado por López Obrador el domingo pasado el número 23, que a la letra dice: "Nadie podrá usar aviones o helicópteros privados. Se venderá la flotilla de aviones y helicópteros del Gobierno Federal. Se conservarán únicamente los vehículos áreos a la seguridad, a la protección civil y a las ambulancias áreas".

Muchas dependencias operan sendos aviones y helicópteros ejecutivos, como el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, pero limitándonos tan sólo a los más modernos jets ejecutivos y de transporte de gran porte y alcance propiedad de la Presidencia y las Secretarías de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina, Comunicaciones y Transportes y Procuraduría General de la República, descubrimos que se cuenta con alrededor de 40 aviones, en su mayoría de reciente adquisición, entre los que destacan nada menos que once Boeing, once Gulfstreams, tres Challengers, siete Learjets y ocho Cessnas Citation de diferentes modelos. Además estos mismos operadores pueden juntar una buena cantidad de turbohélices modernos también aptos para transporte ejecutivo y de pasajeros, incluyendo más de una docena de Beechcraft King Airs nuevecitos, así como muchos aviones "grandes", como tres Bombardier Dash-8 y más de veinte CASA C-295/C-235, lo que permite darnos cuenta que bien se puede prescindir de gran parte de la flota, ahorrar muchísimo dinero y aún contar con una capacidad de transporte aéreo suficiente, segura y digna para apoyar las labores del poder ejecutivo federal.

Nuestro virtual nuevo presidente tiene bien analizando este asunto y está totalmente decidido a terminar con este abuso, y la visión simplista de que viajará en aerolínea es totalmente falsa, pues aún vendiendo más de la mitad de la flota podría contar con suficientes aviones seguros y de reciente adquisición para cubrir sus necesidades, pero dejará los lujos fuera, con lo que estoy totalmente de acuerdo; no se vale ver a Secretarios de Estado, altos funcionarios o militares viajando en Gulfstream G550 o Challenger 605, esos aviones son símbolo del éxito económico de grandes empresarios y artistas, no deben ser privilegios para servidores públicos, menos en un país con tantas carencias como México.

Por supuesto la muy numerosa flota federal de helicópteros ejecutivos debe también ser revisada, con la ventaja que éstos pueden destinarse con más facilidad a tareas de beneficio social, protección civil y seguridad. En este marco López Obrador decidió cancelar la compra de ocho nuevos Sikorsky MH-60 Blackhawk para la Armada, pues considera suficientes los más de 150 helicópteros (la mayoría de ellos muy modernos) con los que ya cuentan en conjunto la Secretaria de Marina y la Fuerza Aérea.

Otro tema de interés en el nuevo gobierno es el de renovar la organización de las Secretarías de Estado, pero Andrés Manuel López Orador ha destacado que la política será de austeridad y recortes de la plantilla de funcionarios y sus beneficios, por lo que creo que mis sueños de ver la creación de una Agencia Federal de Aviación, o de al menos una Subsecretaría de Aeronáutica, no se verán cumplidos, pero aún si nos quedamos a nivel de Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) sus propuestas de combatir la corrupción y el tráfico de influencias, categorizando como "graves" estos delitos y creando métodos para acotar las maniobras de los funcionarios deshonestos, hay que aplaudirlas.

En este medio todos sabemos cómo se las gastan la mayoría de  los inspectores de la DGAC, mínimo hay que invitarles buenos banquetes y sus "gastos", mientras que de las "mordidas" ni las mejores aerolíneas se han salvado. Ya es hora de que esos abusos se acaben. Lo único que me preocupa es que Obrador también prometió proteger las plazas de los trabajadores de base o sindicalizados, y también en este medio sabemos muy bien que en la DGAC la burocracia es una pesadilla: ahí es común encontrar áreas donde de cada diez empleados realmente trabajan tres ¿Apoco no?

Democráticamente se demostró que los mexicanos queremos grandes cambios y aunque no todo parece que irá por el mejor camino, el nuevo Gobierno que iniciará el próximo primero de diciembre propone acciones que, por primera vez en mucho tiempo, pudieran hacer una diferencia. Esperemos que los nuevos funcionarios pongan las palabras en acción y no dejen que la lengua interfiera.

Saludos

Héctor Dávila.

 

Tabla Aeronaves Federales

 

 

GulfstreamFam

 

Archivo de Comentarios Editoriales