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Autor: Con la opinión de Héctor Dávila

Y no estoy cantinfleando chato, pero México a veces es tan surrealista que hasta cuando hacen falta aeronaves oficiales al mismo tiempo sobran.

Es que resulta que durante las últimas semanas se ha debatido álgidamente en el norte del país sobre la grave carencia de helicópteros para la lucha contra incendios, concretamente en Coahuila, donde el tema llevó incluso a la sociedad civil a reclamar la adquisición por parte del gobierno estatal de un equipo para este tipo de misión, incluso sacrificando otras posibles inversiones, como por ejemplo un teleférico muy cuestionado, con el fin de estar preparados para mitigar un poco las tremendas pérdidas que causan los incendios forestales, siendo Coahuila el sexto Estado mexicano que más los sufre.

El gobernador Miguel Riquelme no paró durante semanas de clamar, casi suplicar, por la ayuda aérea  federal, pero primero recibió apoyo del vecino estado de Nuevo León que de la Federación, lo que evidenció la lenta y burocrática actitud de las autoridades correspondientes.

Incluso Arturo Beltrán, director de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), tuvo la puntada de sostener que no se necesitan helicópteros para contener los incendios y que con las brigadas terrestres basta, pero tras las airadas críticas y reclamos que recibió, finalmente reculó y acepó dejar un helicóptero asignado a la región. Lo terrible es que en Coahuila miles de hectáreas fueron arrasadas por el fuego y los autoridades federales aún se resisten a usar medios modernos como las aeronaves para proteger nuestras reservas ecológicas.

Y al mismo tiempo surge la pregunta de dónde andan esos helicópteros equipados para lucha contra incendios que tanto presumen el Gobierno y el Ejército en sus "shows" y que si acaso apenas un par de ellos se sumaron a las labores en Coahuila y otros Estados; ¿Qué pasa? ¿Acaso las máquinas están fuera de servicio por falta de mantenimiento o porque las tripulaciones no están capacitadas? ¿Qué, ya no hay recursos para operar? ¿O es simple ineptitud burocrática? De cualquier manera, no hay que ser...

En México están registradas alrededor de medio millar de aeronaves con matrícula XC de uso oficial, es decir gubernamental, sin contar las aeronaves militares y navales que serían al menos otras quinientas, lo cual da cuenta de una flota aérea bastante grande, además de que existen numerosas aeronaves al servicio de entidades gubernamentale que son rentadas a particulares. Aunque ya hemos hablado en otras ocasiones de que el gobierno federal francamente exagera (y hasta abusa) con el gran número de aeronaves que tiene a su disposición, hay que reconocer que casi la mitad de las aeronaves con matrícula oficial son propiedad de gobiernos estatales y municipales.

Así es, cerca de 200 aeronaves están al servicio de los gobernadores y presidentes municipales, las que sin duda son muchísimas, especialmente si consideramos que las misiones de apoyo social para las que en principio se adquirieron no se cumplen cabalmente, y es normal ver los helicópteros de las policías y agencias de protección civil fuera de servicio, hasta arrumbados y olvidados, o si funcionan son usados en actos proselitistas y como lujosos transportes de los políticos de turno y sus deshonestas familias, amigos y hasta romances (¿se acuerdan del famoso "helicóptero del amor" de Morelos).

Es aquí, en el uso a este nivel de las aeronaves, donde se cometen las mayores arbitrariedades y abusos, donde la corrupción está desatada, donde se dilapidan millones y se usan las aeronaves como si fueran la flota privada de una familia de la realeza o de magnates, y muy pocas veces para resolver temas tan importantes como la lucha contra incendios o la búsqueda y rescate de personas accidentadas.

Afortunadamente hay honrosas excepciones, como los Cóndores de la Ciudad de México o los Relámpagos del Edomex, que son verdaderamente ejemplares por sus estupendas acciones salvando vidas, pero tristemente lo que parece la norma con los servicios aéreos estatales, y peor en los municipales, es el descarado robo en la adquisición y mantenimiento de las aeronave, agravado con el pobrísimo uso legítimo que se les da. Como muestra basta un botón: en Tabasco hierve el escándalo de un helicóptero comprado a la empresa DCO Aviation Solutions SA de CV para el Instituto de Protección Civil por más de 39 millones de pesos y que simplemente no se entregó. ¡Es el colmo!

Soy pro aviación, y tengo claro que la aviación oficial es fuente importante de empleo para la industria, semillero de grandes talentos aeronáuticos y creo firmemente en los enormes beneficios que da a los gobiernos el uso de aeronaves, especialmente salvando vidas y preservando nuestros recursos naturales, pero debe ya hacerse algo en este renglón para detener la corrupción y exigir que los medios aéreos se utilicen correctamente, con responsabilidad y conciencia social.

Alguna vez en el gobierno federal hubo algo de cordura y se intentó poner orden a este desgarriate creándose una organización que aglutinaría todas las aeronaves oficiales, el famoso Transporte Aéreo Federal (TAF), el cual funcionó un tiempo, pero tales esfuerzos no prosperaron, porque no solamente los Estados no le entraron, si no que también a ningún funcionario federal parece haberle gustado que le controlaran el cuánto, cómo, quién y cuándo del uso de los aviones y helicópteros.

Con las más de mil aeronaves con que dispone México, entre federales, militares, navales, estatales, municipales y de organismos desconcentraros, se podría hacer muchísimo más en beneficio de un sinnúmero de actividades vitales para nuestro desarrollo; es una gran vergüenza que tan grandes recursos, que muchísimos países ya quisieran tener, en gran medida estén subutilizados y en muchos casos sean símbolos de negligencia y corrupción.

Sea quién sea, este es otro tema donde el próximo Presidente de México tiene una gran oportunidad: más allá de polemizar sobre si vender o no el avión presidencial o cancelar una obra como la del nuevo aeropuerto, la aviación mexicana requiere una total reorganización y modernización, incluyendo por supuesto lo referente a la racionalidad en el aprovechamiento de las aeronaves que el propio Estado opera.

 

Saludos


Héctor Dávila

EditorialHeli

 

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