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Por Héctor Dávila

El 3 de diciembre pasado salió para el aeropuerto desértico de Victorville, en California, el controversial Boeing 787 Dreamliner "José María Morelos y Pavón" XC-MEX, mejor conocido como el TP-01, para ser preservado por su fabricante mientras se le consigue comprador. Con esto se dio el primer paso del proceso de desincorporación de la flota aérea federal, que el nuevo Gobierno considera suntuosa e innecesaria (y ciertamente en gran parte lo es) y ya el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció personalmente que serán 80 las aeronaves que se pondrán en venta, y dijo también que las mismas se mostrarán a clientes potenciales en una próxima Feria en Santa Lucía.

La forma en que el Presidente hizo el anuncio desató comentarios en tono de burla en muchos medios, mofándose de lo ingenuo que pareciera poner a la venta tales y tan sofisticados activos en una suerte de tianguis, como se interpretó lo de la feria, pero en el medio sabemos perfectamente que López Obrador se refería a la Feria Aeroespacial que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) está organizando para el próximo mes de abril, en la ahora controversial Base Aérea Militar No 1 y próximo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

No se han dado mayores datos sobre esta flota, ni si se incluirán en la lista los lujosos jets ejecutivos adquiridos recientemente por la Fuerza Aérea y la Armada, pero de las 362 aeronaves que hay registradas en México con matrícula oficial XC, el gobierno federal es dueño de 165 (74 aviones y 91 helicópteros), sin embargo una buena parte de esas aeronaves en realidad ya no están operativas, son inservibles o han sido abandonas, por lo que el gobierno federal realmente tiene menos de 120 aeronaves útiles (50 aviones y 70 helicópteros) por lo que prácticamente al pretender vender 80 solo se quedarán con unas 40, lo que es consistente con las declaraciones del Presidente de que solamente las específicamente destinadas a la seguridad pública serán conservadas, y es probable que también se vendan una docena de aviones ejecutivos militares y navales, los cuales por ser en su mayoría muy ostentosos sería difícil pensar que fuera bien vista su existencia, cuando además el primer mandatario ha dejado bien claro que ningún funcionario volará en aviones privados durante su mandato, y no solo eso, recientemente afirmó que no se siente seguro volando y que solamente en caso de una emergencia verdaderamente extrema utilizaría una aeronave privada.

La flota aérea federal es indiscutiblemente de una talla impresionante, está integrada entre varias dependencias por 31 jets ejecutivos (once Gulfstreams, cuatro Challengers, ocho Citations, siete Learjets y un Falcon). Además de los lujosos jets ejecutivos se posee casi una docena aviones de tipo comercial Boeing, al menos un par de 737s y un 757 en configuración puramente ejecutiva; adicionalmente entre las aeronaves que posee la federación hay más de 20 aviones a hélice, incluyendo turbohélices King Air, Turbocommander o Dash-8, y destacan también muchos helicópteros especialmente acondicionados para uso ejecutivo, como al menos 7 Agusta AW109SP prácticamente nuevos, dos Airbus EC145 y por supuesto los ocho famosos Súper Puma presidenciales.

Hablando de helicópteros, el gobierno federal cuenta con una docena al servicio de instituciones como CONAGUA y el Servicio Geológico Mexicano, así como otros 30 en la PGR y una veintena más en la Policia Federal, aparatos que en vez de venderse pueden optimizarse y adaptarse con facilidad para tareas de seguridad, búsqueda y rescate o lucha contra incendios.

Los servicios aéreos de PEMEX y la CFE, que ocupan flotas de helicópteros muy grandes e importantes, operan totalmente mediante contratos con empresas privadas, por lo que esas aeronaves no están consideradas dentro del parque aéreo gubernamental. Pero hay que resaltar el tremendo fraude que se cometió en PEMEX al destinar una importante suma para equipo de vigilancia y sin embargo en realidad adquirieron por más de 920 millones de pesos un Gulfstream G550, un Cessna 680 Sovereign y un helicóptero Airbus EC145 en lujosa configuración ejecutiva, los que sirvieron para traslados personales de los altos ejecutivos y líderes sindicales de la paraestatal petrolera mediante un Convenio General de Colaboración con la SEDENA, algo que resulta terrible en el contexto actual del país, que pasa por una crisis derivada del robo de combustibles. La Auditoría Superior de la Federación tiene ubicados 727 vuelos VIP del helicóptero EC145 a un costo de operación de casi 10 millones de pesos, mientras que tan solo en el avión Sovereing se gastaron más de 53 millones de pesos en costos directos para operar unos 185 vuelos ejecutivos, todos sin que exista información detallada de los pasajeros transportados, pero cuyos destinos fueron todo menos de vigilancia. Con tal comportamiento en el uso de las aeronaves por parte de funcionarios del gobierno anterior más que se justifica el deseo de Andrés Manuel López Obrador de venderlas.

Sin embargo, el tema de adecuar las aeronaves ya existentes a tareas de seguridad resulta relevante, especialmente ante los últimos acontecimientos en que el Gobierno se ha volcado en guerra contra el robo de combustibles y donde las aeronaves son una herramienta de gran valía, como se demostró con el éxito de las operaciones de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) con el binomio avión de vigilancia-helicóptero. Sin embargo la FAM solo cuenta con dos aviones Beechcraft 350i King Air equipados con sensores, sistemas de visión nocturna y comunicación modernos, recientemente adquiridos para el Escuadrón de Vigilancia Aérea, el que opera además tres Embraer EMB-145, los que aunque hace poco recibieron mantenimiento y actualización, fueron adquiridos hace ya 15 años y no son precisamente los más adecuados para las misiones anti-huachicol, mismos que junto con dos viejos Cessna Citation Eagle EII heredados de la tranza de PEMEX conforman una flota claramente insuficiente para cubrir las necesidades del país, especialmente en una emergencia como la que se vive, con la tremenda extensión de los ductos que hay que  vigilar prácticamente durante las 24 horas.

Aquí se subraya el error de la FAM durante el sexenio pasado de gastar en un exceso de aviones de entrenamiento y casi nada en equipo sofisticado de detección, interceptación y vigilancia, error agravado además por el crimen cometido en PEMEX al haberse comprado aeronaves de lujo pretendiendo hacerlas pasar por las tan necesarias para las misiones de cuidar los ductos de combustible.
La Secretaría de Marina, por su lado, cuenta también con un par de aviones King Air 350i con modernos sensores de vigilancia, pero destinarlos a misiones al interior dejaría desatendidas las costas, donde también hay recursos importantes que proteger.

Expuesto lo anterior, queda claro que el Gobierno tiene ahora el reto de optimizar los recursos aéreos con que cuenta y evaluar muy bien cuáles de las aeronaves pueden usarse para reforzar las necesidades emergentes en la lucha contra el crimen organizado, teniendo presente que muchas aeronaves civiles, particularmente los helicópteros, pueden ser fácilmente adaptadas con los equipos electrónicos de vigilancia y detección, justamente como los que usan actualmente las fuerzas armadas mexicanas.

Por otra parte, será interesante ver qué camino toman los gobiernos estatales y municipales del país, que son propietarios en conjunto de la mayoría de las aeronaves registradas con matrícula XC, pues poseen en total una flota de 197 aeronaves (125 helicópteros y 72 aviones), ya que se espera que muchos de ellos tomen el mismo camino de austeridad y también se deshagan de la aeronaves que no estén destinadas a tareas de seguridad pública. Entre los Estados que ya tienen aeronaves a la venta están Nuevo León, Tabasco, Chiapas, Chihuahua y Veracruz, que en conjunto quieren deshacerse de unos 20 helicópteros y aviones ejecutivos.

Por supuesto, también será muy interesante ver el impacto que este fenómeno de venta masiva de aeronaves tendrá en el mercado de aviación ejecutiva a nivel mundial, especialmente en la fluctuación de precios que resultará con la disponibilidad tan inusual y de golpe de tantos aparatos. Además, la baja de alrededor de un centenar de aeronaves, dado que se presume que la mayoría irían a parar al extranjero, en términos de pérdidas de empleos de tripulaciones y afectaciones a proveedores especializados podría ser casi equiparable a cerrar una aerolínea.

Por supuesto el proceso de venta de tantas aeronaves será muy complejo, principalmente porque hay que revisar los detalles de la propiedad de las mismas, pues varias están en modalidades de arrendamiento o a crédito y el Gobierno aún está en proceso de definir con claridad cuáles realmente pueden ser vendidas y cuáles podría ser de mayor utilidad que se conserven.

 

Por Héctor Dávila

 

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